¿Y ahora qué, muchá?

¿Será más barato vivir en Guatemala que en Europa?

Mejor sería comprar al por mayor - atribución: www.yahoraquemucha.comLa nota reciente de Samoth sobre el estado de bienestar a la escandinava me hizo recordar una  percepción errada que tenemos en Guatemala: Entre más altos sea los impuestos que se pagan – creemos – más difícil es vivir en un país. Por lo tanto, entre menos impuestos se paguen, más dinero quedará libre para vivir. Esta idea está bastante difundida entre profesionales, incluyendo algunos que han tenido la oportunidad de viajar y vivir fuera de Guatemala. Recuerdo a alguien que me dijo una vez, con tono de satisfacción: “lo único bueno en Guate es que no pagamos tantos impuestos como quienes viven en Europa”.  Sí, es cierto que no pagamos muchos impuestos al estado, pero eso no significa que no sea carísimo vivir en Guatemala.

Samoth apuntaba que la carga impositiva en los países escandinavos está alrededor del 50% del PIB. Quiero mostrar en una forma sencilla que en este país tenemos una “carga impositiva” aún mayor. Para ello va un caso sencillo. Tomemos como base un salario promedio de Q15,000 para un profesional guatemalteco. Desde que se puso de moda la reducción de costos en las empresas hace ya varios años, muchos profesionales – aún cuando hayan trabajando por años para la misma  empresa – son contratados por servicios profesionales. Esto significa que le facturen a la empresa por servicios y deban ellos pagar directamente los impuestos al valor agregado (IVA) y sobre la renta (ISR). Estimemos que entre el IVA y el ISR sean 17% mensuales. Esto significa que, a los Q15,000 de salario, le descontemos Q2,550 en pago de impuestos. Como la educación pública está en pésimas condiciones, los profesionales enviamos a nuestros hijos a un colegio privado. Con tres hijos en edad escolar y una colegiatura mensual de Q850 por cada niño o niña, esto suma Q2,550. A lo anterior agreguemos el pago de mantenimiento y seguridad en la colonia. Aunque esto varía ampliamente, pongámoslo en alrededor de Q450 al mes.

Otro gasto del cual no escapa un profesional es el automóvil. En Guatemala, aún con el Transurbano y el Transmilenio, el transporte público no es suficiente para llevarnos a todas las colonias y lugares de trabajo. Ello sin considerar la ruleta rusa que significa abordar el transporte público. El mantenimiento y combustible de un automóvil cuesta alrededor de Q2,000 al mes. A todo los gastos anteriores agreguemos que, por carecer de parques y lugares públicos de entretenimiento, visitamos varias veces por semana los centros comerciales. Entre helados para toda la familia y una que otra comida (aún si es comida rápida) se gasta no menos de Q1,000 cada mes. Luego están las consultas médicas. Sin estimar enfermedades serias, sino únicamente gripes e infecciones gastro-intestinales y otras que son comunes, podemos tener un promedio de 4 visitas por familia al mes. Por supuesto, son visitas a la clínica privada, con lo cual, entre consultas y medicamentos, podemos gastar alrededor de Q1,000 al mes.

Todos los gastos anteriores hacen un total de Q9,550, que equivale al 64% del ingreso mensual de un profesional. No incluyo la renta o pago de hipoteca, vestuario ni alimentación, ni gastos imprevistos, como polarizar los vidrios del carro (para mayor seguridad), reemplazar cristales de vidrios rotos por robos, arreglos al tablero interior del carro, semi-destruido la vez más reciente cuando le robaron el radio. Los únicos gastos que he anotado, son los que debemos realizar de nuestro propio bolsillo, por no tener bienes públicos que funcionen (seguridad, educación, espacios públicos para recreación, salud, transporte público). Proveernos de esos bienes que no ofrece el Estado nos cuesta más del 64% de nuestro ingreso (en un escenario conservador). Esto es mayor a lo que les cuesta a los profesionales que viven en Europa. En esos países, el pagar un 50% de sus ingresos en impuestos redunda en educación y salud pública, recreación, seguridad, cultura y muchos otros bienes sociales.

Alguien dirá que la comparación anterior no es equivalente, porque mientras los impuestos se nos imponen y no los podemos evitar, nosotros elegimos enviar a nuestros hijos a colegios privados, vivir en una colonia que tiene seguridad perimetral, utilizar vehículo propio como medio de transporte y asistir a un médico privado. Ante ese argumento, pregunto: ¿realmente podemos elegir?, ¿enviaríamos a nuestros hijos a una escuela pública?, ¿jugaríamos la ruleta rusa del transporte público?, ¿asistiríamos a un centro de salud que no tiene el equipo requerido ni medicamentos? Mi impresión es que aquí no hay elección, y esto convierte lo que pagamos al sector privado por acceder a los bienes que no nos da el Estado, en una verdadera carga impositiva.

Otros dirán que el ejemplo no funciona cuando el salario del profesional es mayor, o cuando ambos padres profesionales trabajan. Lo invito a que usted mismo haga este ejercicio con sus ingresos y sus gastos. Verá que si el ingreso es mayor, muy probablemente los niños estén en un colegio más caro, tienen dos o más vehículos, viven en una colonia donde el costo de mantenimiento y seguridad es mayor, y así sucesivamente. Lo vuelvo a invitar, haga este ejercicio sencillo.

Luego de hacer el ejercicio probablemente se pregunte lo mismo que yo me pregunté: ¿quién se beneficia de esta situación que vivimos en Guatemala? Obviamente no son los ciudadanos, aunque ganan la industria educativa, y la medicina y la seguridad privadas, entre otras. Yo pude vivir en varios países Europeos y me dí cuenta que allí se benefician todos, no sólo la industria, sino también los ciudadanos. Para los que no han tenido esa oportunidad, es suficiente con revisar las estadísticas de desarrollo humano y de desarrollo económico de dicha región para comprobarlo. ¿No será que en Europa se benefician todos porque tienen un Estado fuerte?

En resumen, no es barato vivir en Guatemala. En adición a lo caro que nos cuesta, tampoco tenemos certeza alguna que por lo que pagamos para acceder a estos bienes obtengamos la mejor calidad posible, pues la protección jurídica a los ciudadanos como consumidores también es débil. ¿Realmente queremos los ciudadanos continuar gastando de más, teniendo un Estado débil, que no regula casi nada, desfinanciado y sin capacidad para proveer los bienes públicos más esenciales?

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