Un plan en busca de candidato: Diez puntos para el primer año

Lunes 15 de Noviembre de 2010 00:00
Escrito por Carles Dario Bardal

Si no yo, ¿quién? - atribución: www.yahoraquemucha.com

Ya sé que mi plan de gobierno es impopular, y que al presentarlo desatiendo los consejos de mis asesores de campaña. No importa, mi plan es un pliego de compromisos que pienso cumplir. Aunque cueste aceptarlo, todos los gobiernos son transitorios. Mi propuesta de gobierno aclara adónde deberíamos transitar en el breve lapso de un período presidencial.
Debemos aceptar, asumir y encarar hasta dónde se ha perdido el rumbo, hasta dónde llegó nuestra tolerancia, hasta dónde hemos preferido ignorar lo que nos sucede como colectivo social, por intentar hacer un poco más cómodo nuestro nicho personal o acaso familiar. Pero no hay salidas individuales, no hay islas de clase, ocupación o credo. Estamos juntos en este barco.
El primer año de gobierno debe servir para identificar las dependencias, los programas y los trámites oficiales que son innecesarios y generan gastos a la nación. Se debe identificar todos los servicios ineficientes, duplicativos y encarecidos por la intromisión de actores económicos o políticos para obtener ganancias personales. Vamos a destapar las ollas de grillos, pero sólo se puede hacer si los trabajadores, los proveedores y los usuarios apoyan esta cruzada.
Durante el primer año será revisado a fondo el presupuesto de gastos, especialmente las transferencias de fondos públicos a personas e instituciones, verificando cuántas de ellas pueden convertirse a contratos o convenios sujetas a procesos más transparentes de elección de proveedor y con una declaración más clara sobre qué debe producir a cambio la persona natural o jurídica que recibe los fondos.
En cuanto a las transferencias constitucionales a las municipalidades, será desarrollado el marco jurídico necesario para asegurar que se establecen mejores controles sobre los resultados, los beneficiarios y el impacto de los recursos nacionales que se invierten en el espacio local. Se hará más claro el papel que los gobiernos locales deben ejercer en el refuerzo de las regulaciones, en la administración de los servicios, la promoción de las iniciativas económicas privadas y la participación ciudadana. Especial atención se dará a las declaraciones de probidad y la persecución del enriquecimiento ilícito de alcaldes y otros funcionarios ediles.
También durante el primer año se sentarán las bases para la certificación de los municipios en diversos órdenes: la protección ambiental, la seguridad ciudadana, la salud humana, la calidad educativa, las oportunidades económicas y el desarrollo cultural. Más que buscar la uniformidad de los municipios, se busca fijar estándares que proporcionen a los consejos de desarrollo y los gobiernos locales un marco de orientaciones sobre el progreso, la justicia y el bienestar de los ciudadanos. Las atribuciones desarrolladas en el nivel local pueden financiarse con recursos ahorrados de la eliminación de esas atribuciones por dependencias de nivel central, demasiado alejadas de la población como para ser efectivas en el cumplimiento de sus funciones.
Durante ese primer año se revisarán las concesiones, cesiones de derechos, reparto de privilegios y privatización de activos públicos que han realizado los gobiernos en nombre del Estado guatemalteco. El conjunto de criterios que guiará esa revisión tendrá como elemento unificador la declaración de los recursos, activos y servicios que se consideran estratégicos y cuya enajenación es intrínsecamente opuesta a los intereses de la nación.
Los representantes del pueblo y miembros del legislativo han venido ampliando el espacio de sus intervenciones en distintos aspectos de la actividad de la rama ejecutiva, muchas veces buscando sus intereses personales o partidarios por encima del bien de la nación. Las prácticas de abuso de poder, tráfico de influencias, conflicto de intereses y usurpación de competencias serán perseguidas por medio de actividades y recursos especiales de inteligencia civil. Un pacto entre congresistas honorables permitirá expeditar las investigaciones fundamentadas para que no sea un obstáculo el derecho de antejuicio de los diputados.
Durante el primer año se hará una revisión de los indicadores de justicia penal en Guatemala, y sobre su base se dictará un conjunto factible pero exigente de metas, desagregadas geográficamente, y adscritas bajo la responsabilidad de los funcionarios nombrados en cada uno de los aspectos del proceso de operación de justicia. Desde el primer año, la fiscalía de la nación, las fuerzas de seguridad interna y el sistema de presidios estarán sometidos a marcos sectoriales, institucionales e individuales de desempeño.
Sabemos que en Guatemala existen importantes fuentes de poder que deciden la viabilidad y el ritmo de avance de las propuestas de gobierno y pueden detener e incluso revertir los logros de una gestión gubernamental o presentarlos como crímenes y abusos. Pero sabemos también que tales fuentes de poder han agotado su discurso y sus explicaciones de por qué Guatemala se rezaga cada vez más de los otros países del continente, y creemos que están listos, junto con otras fuerzas sociales, para imaginar un país diferente, con una ciudadanía fuerte y preparada para contribuir en la reconstrucción y el desarrollo de la nación. Abrir ese diálogo y plantear la maqueta de ese futuro, también es parte importante del primer año de gobierno.