¿Y ahora qué, muchá?

Los puentes de Jorge Ubico

¡Pasamos! - atribución: Lon&Queta - http://www.flickr.com/photos/48096653@N00/3634342602/Las lluvias del reciente invierno están recordando a muchas personas la durabilidad de los puentes antiguos (el puente Los Esclavos, los puentes de Ubico, el Puente Carlos Castillo Armas, de construcción estadounidense), comparados con los puentes de los gobiernos de la democracia (el Puente de Entre Ríos, de la administración Arzú).

Por supuesto, no todos los puentes modernos se han caído, y una excepción han sido los puentes de la autopista Palín-Escuintla, que hasta ahora parecen haber resistido bien el invierno.

Aunque la administración Colom, las empresas constructoras y la misma Cámara de la Construcción culpan a un invierno particularmente copioso (y por consiguiente, al Cambio Climático Global), buena parte de los opinantes y de la población no se lo han creído.

Para los incrédulos, el problema no está en el clima, sino en una vieja tradición que data de la Colonia: la corrupción.

El fenómeno nunca ha estado del todo ausente, pero crece el consenso en el sentido de que la apertura democrática que se inicia en 1982, y los gobiernos electos posteriores a 1985, lo están incrementando a niveles anteriormente no vistos. Si todos los gobiernos dictatoriales y militares tuvieron su escándalo de corrupción (basta recordar los casos de Desarrollo de Autopistas de Guatemala (DAS) del gobierno de Lucas García), lo que entonces era exceso parece estarse convirtiendo en la norma de los gobiernos electos.

Se afirma, por ejemplo, que si la “comisión” de la administración Portillo era del 10%, con la administración Colom es ahora del 30%. Como resultado, el pago de dicho “tercio gubernamental” sale de la disminución de la calidad de la obra pública. La destrucción de tanta obra como resultado de las lluvias vendría a demostrar las deficiencias que ese 30% genera en la calidad de las mismas.

Este aumento responde a una lógica de lo que los teóricos llaman la hipercorrupción^[1]. Esto es, una situación donde la práctica de la corrupción como alternativa privilegiada de enriquecimiento, es el fin mismo de la política.

Esto, por supuesto, no es exclusivo de la república de Guatemala. Después de todo, en el índice de corrupción de Transparencia Internacional^[2], Venezuela, Argentina y Nicaragua están muy lejos de Guatemala en ese indicador, que está situada en un punto intermedio, con un índice de percepción de la corrupción del 3.5 (más bajo, más corrupción, más alto, menos corrupción). Lo que ha cambiado en Guatemala es la extensión del problema.

Antes de 1985, lo que caracterizaba la corrupción era su relativa localización: los militares, los funcionarios, algunos empresarios… aunque había mucha corrupción entre los oficiales de seguridad (policías y guardias de hacienda), esta era “moderada”.

En la actualidad, la corrupción se ha “democratizado”: ahora incluye a los funcionarios, los financistas de la campaña, los diputados, las compañías constructoras, las ONGs, los integrantes de los Consejos de Desarrollo, los Alcaldes, etc. Para alimentar a tanta gente, no extraña que la comisión de cada obra haya subido al 30%...

Como todo fenómeno social complejo, las causas son variadas y su interrelación mutua empeora muchos de sus aspectos. Lo más preocupante es que, en sociedades como la nuestra, el fenómeno se ve como natural e inevitable y como el único medio de salir adelante cuando la movilidad ascendente encuentra muchos obstáculos.

¿Puede hacerse algo? Para comenzar, los órganos de control (como Contraloría General de Cuentas, Congreso, Tribunales y Ministerio Público) deben hacer un mejor trabajo del actual (lo que choca directamente con los intereses de los actores involucrados con el fenómeno de asegurar su impunidad en este tema y en otros).

Luego, una prensa libre e inquisitiva y sin temor a denunciar (y sin compromisos con los beneficiados con la corrupción o cleptocracia) puede ser de gran ayuda.

Lo más importante es una mayor participación de la población en el sistema político. Después de todo, cuando los honrados no se meten, el campo le queda libre a los corruptos.

Obviamente los tres elementos antes señalados, para aplicarse, requieren de tiempo de maduración, y los obstáculos en los tres casos no son desdeñables. Entre tanto, los puentes de Ubico seguirán de pie, mientras las obras públicas nuevas, con su 30% para Raimundo y medio mundo se seguirán derrumbando con las lluvias fuertes.

Notas

1. Carbonell, Miguel y Rodofo Vásquez (compiladores). Poder, Derecho y Corrupción. Siglo Veintiuno Editores-Instituto Federal Electoral-Instituto Tecnológico Autónomo de México (S. XXI-IFE-ITAM), México D.F., 2003. 306 páginas.

2. Cfr. en: http://www.transparency.org/. Los resultados pueden verse en http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table. En dicho índice, Guatemala comparte el lugar 84 con El Salvador, India, Panamá y Tailandia.

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