¿Y ahora qué, muchá?

Quito y Borges, parte II

A mi manera - atribución (fotos): fotospresidencia5 - http://www.flickr.com/photos/presidenciaecuador/4735501217/; Mevsfotow - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ecuador_%28civil%29.png

“…Hay el hábito de juzgar un acto por sus consecuencias… Eso me parece inmoral; porque cuando uno obra, uno sabe si obra bien o mal. En cuanto a las consecuencias de un acto, se ramifican, se multiplican y quizás, al final, se equivalgan. De modo que juzgar un acto por sus consecuencias, es absurdo. Pero la gente tiende a eso; por ejemplo, un certamen, una guerra, todo eso se juzga según el fracaso o el éxito, y no según el hecho de que éticamente sea justificable.” Jorge Luis Borges.

Tomando como punto de partida este argumento de Borges, me propongo analizar los acontecimientos ocurridos el 30 de septiembre en Ecuador. Algunos lo llamaron intento de golpe de Estado, otros lo descalificaron diciendo que había sido un montaje, y los más equilibrados dijeron que había sido un cúmulo de eventos indeseables, concatenados, pero no planeados. Estos últimos le atribuían los hechos a la imprudencia, testosterona y bravuconada del Presidente Correa, famoso por su carácter impulsivo.

En Ecuador, desde que se aprobó la reforma a la Constitución, se han estado debatiendo una serie de leyes que hacen efectivas esa reforma. Los asambleístas y los grupos interesados discuten las normas y llegan a consensos que después envían al Ejecutivo para su veto. Sin embargo, hasta ahora lo más común ha sido que el presidente y sus asesores, no veten la propuesta negociada, sino que envíen al Congreso una nueva propuesta, inconsulta y elaborada desde el Palacio de Gobierno. Una vez que llega esta nueva versión al hemiciclo, el bloque oficialista se vale de trucos legales para evitar la discusión y lograr su aprobación. Es decir, la propuesta negociada desde la Asamblea se engaveta y se aprueba la no consensuada, elaborada desde la Presidencia. Este procedimiento ha enfurecido a los actores involucrados, que se sienten burlados en la negociación.

Este fue el caso de las dos leyes que dieron origen a los hechos del 30 de septiembre. La Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) busca homologar las remuneraciones de los servidores públicos. Ella fue negociada para no afectar las históricas prebendas a policías y militares, pero luego el Ejecutivo rectificó y eliminó dichos beneficios. Tal es el caso de las bonificaciones y condecoraciones, las cuales quedaron sin efecto. En la propuesta original, las fuerzas armadas y la policía nacional estaban excluidas de la reforma. el ejecutivo consideró que esto no era equitativo y decidió eliminar esta dispensa.

La otra ley es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). En lo fundamental, el COOTAD garantiza que los gobiernos autónomos participen del 21% de los ingresos permanentes (tributarios) y 10% de los no permanentes (petroleros), correspondientes al estado central. Además, traslada a los municipios el control de la policía de tránsito, atribución que estaba en manos de la policía nacional.

Ambas leyes tocan privilegios y prerrogativas adquiridas por las fuerzas de seguridad, las cuales además, han permitido a los integrantes de estos cuerpos embolsarse un salario extra, no contabilizado ni sujeto a tributo alguno.

A la luz de estos hechos, se puede concluir lo siguiente:  La reforma a la ley propuesta por el Ejecutivo es legítima, ya que pretende eliminar privilegios y homologar salarios, incluso a costa de generar un conflicto con la policía y el ejército. Sin embargo el Ejecutivo, en su prepotencia, no dimensionó el riesgo político que tendría esta acción, al enfrentarse a fuerzas que pueden liderar un golpe de estado. Por otra parte, el mecanismo empleado para hacer efectiva la ley, rompiendo acuerdos e imponiendo sus posiciones, a pesar de ser legal, no es éticamente el correcto y se presta para cualquier abuso de autoridad. De hecho, el autoritarismo es el principal riesgo que tiene hoy por hoy la democracia ecuatoriana.

El resto de acontecimientos fueron, como dice Borges, consecuencias. Casi todas negativas para el país. Habiendo en la última década derrocado a tres presidentes sin que haya habido un solo difunto que lamentar, es doblemente condenable y lamentable la muerte de ocho personas, entre ellas un civil. Otro pasivo es la polarización de la sociedad ecuatoriana, que se dividió entre los que apoyan a Correa y los que le adversan. De amores y odios, se llamará esta etapa de la historia en este país; que así como imaginariamente con su paralelo, representa la división del globo terráqueo; así mismo quedó atravesado por otra línea imaginaria que dividió a los que están a favor y en contra de Rafael Correa. Aunque es justo decir que estos sentimientos ya estaban plantados desde antes, ahora se pueden percibir a flor de piel. Por otra parte, se evidenció la falta de institucionalidad que aún persiste en este estado, y la concentración de poder por parte del Presidente.

Correa ha tenido muchos aciertos en su gestión, particularmente en política social. Él mismo es una persona carismática, inteligente y visionaria que busca dirigir con tino este barco. Pero la democracia requiere además de líderes talentosos, de gobernantes capaces de tolerar la oposición. En la tipología de los sistemas políticos, se suele llamar autoritarios a los regímenes que privilegian el aspecto del mando y menosprecian el consenso. Este será el gran reto para Ecuador.

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