¿Y ahora qué, muchá?

Por un país más transparente

Hay tanto que limpiar - atribución (foto): Kim Ellen - http://picasaweb.google.com/lh/photo/pEbTBFVrF26wEW_QABUU0wHace algunos días se presentaron los resultados del Indice de Presupuesto Abierto 2010 para México, Centroamérica y República Dominicana.^[1] Este índice se construye con base en la publicación de ocho documentos relacionados con el presupuesto público, entre ellos el proyecto de presupuesto, el presupuesto ciudadano, los informes semestrales de ejecución presupuestaria y, muy importante, el informe de las entidades contraloras de cuentas.

De los países de la región, ninguno pasó la nota de los 61 puntos sobre 100. Solamente Guatemala logra 50 puntos, seguida de Costa Rica con 47. ¿Por qué ese punteo? Bueno, a pesar de los importantes avances en apertura del presupuesto, en Guatemala aún no se produce un presupuesto ciudadano, es decir, un documento mediado que permita traducir del arameo fiscal al lenguaje coloquial, las novecientas y tantas hojas en las que el gobierno explica sobre los ingresos y gastos que hará el estado en un año específico. Tampoco se producen informes semestrales sobre la ejecución presupuestaria y, aunque la Contraloría de Cuentas de la Nación hace anualmente su informe sobre la auditoría interna realizada a las instituciones del estado, esta información no suele ser divulgada a la sociedad.

El índice también advierte que los espacios para la participación ciudadana son muy pocos y, en muchos casos, no se dan en momentos en los que la sociedad pueda tener mayor capacidad de incidencia. Un ejemplo claro podría ser la carencia institucionalizada de un espacio en el Congreso para que la sociedad, por medio de organizaciones civiles, académicas, empresariales y sindicales –entre otras muchas posibilidades– presente sus recomendaciones y consideraciones sobre el proyecto de presupuesto. En la actualidad, las organizaciones no gubernamentales, si los recursos y la cercanía se los permite, van al Congreso a manifestar por un aumento de los fondos que el Estado les otorga. El presidente del Congreso los recibe y les promete recordarse de ellos en el momento de la discusión del presupuesto nacional; lo mismo hace con los sindicatos del sector público y con los campesinos que siguen con las ganas de conocer al estado por medio de la educación, la salud y el desarrollo rural; los organismos internacionales que velan por los derechos humanos hacen conferencias de prensa y actividades para aumentar el debate sobre aquellos derechos por lo que velan. Algunas instituciones académicas también se pronuncian al respecto. Sin embargo, en la práctica, la actual realización del derecho a la libre expresión del pensamiento, no está generando acuerdos políticos ni negociaciones en las que la sociedad se comprometa con sus propios desafíos.

Este año hemos podido observar, frente al Congreso, globos de colores, camionetas, pitos y creo que hasta un show de payasos, con el fin de exigir que se aumentaran los gastos en diferentes ámbitos de impacto social. Desde recursos para niños con SIDA, pasando por más asignaciones para los bomberos, protección de infantes vulnerables y hasta más recursos para mejorar el servicio público de salud. Sin embargo, no hubo nadie que acuerpara una reforma fiscal que permita aumentar equilibradamente los dos lados de la ecuación del Estado: Gasto público = ingresos públicos. A la ecuación debemos agregarle las variables eficiencia, honradez, progresividad, manejo de la deuda y otras más, pero en esencia esa es la ecuación. Ninguno de los que querían más recursos para sus causas hizo una sola pinta o consigna a favor de un aumento de los ingresos del Estado.

Es urgente que los avances en transparencia vayan madurando en dos aspectos. Primero, un lenguaje común en todos los ciudadanos que permita un diálogo bien fundamentado, tanto en los barrios como en las asociaciones empresariales y sindicales. Para ello, habrá que socializar la política fiscal en prensa, radio, televisión y, en el sistema educativo, formal e informal. Por otro lado, es necesario comenzar a legalizar los espacios para la discusión pública y abierta sobre la política fiscal. Ese lenguaje común, en un espacio con voz y voto para la sociedad, debería permitir que decidamos qué es mejor para todos.

¿Será mejor seguir permitiendo que 400 empresas de maquila dejen de pagar Q800 millones al fisco, o utilizar esos impuestos para universalizar la seguridad social? ¿Será mejor construir un hospital nacional en Villa Nueva o 45 centros de salud en las áreas rurales? ¿Será mejor invertir en cárceles o hacer que el 60 por ciento de los jóvenes que están fuera del sistema escolar puedan estudiar? ¿Será mejor pagar mal a maestros mal preparados o invertir en su formación y darles salarios dignos? ¿El Programa Mi Familia Progresa es malo o necesita ser manejado de manera transparente? Y un millón de etcéteras.

Solo una sociedad transparente, informada e involucrada tiene la capacidad de saber con mayor certeza qué puede esperar de su futuro. La corresponsabilidad sobre la política fiscal será la palpable materialización de una nueva conciencia social.

Notas

1. Hay un resumen en español de los resultados para Guatemala. Los resultados completos (en inglés) también están disponibles.

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