¿Y ahora qué, muchá?

¿Estado fallido o estado perverso?

titleCon la reciente publicación del “Indice de Estados Fallidos” vuelve a discutirse si Guatemala es, o no, un estado fallido. En el índice nuestro país ocupa el puesto 73 de 177 (Somalia es calificado como el “más fallido”, en el puesto 1; mientras que Finlandia ocupa el puesto 177, como el “menos fallido”), con una calificación de 80.1 puntos de un máximo posible de 120. Según los autores del índice, esto lo califica como un estado con riesgo de falla.

El índice combina una variedad de indicadores.[1] Evidentemente estar en la mitad superior de la lista no es halagüeño para Guatemala. Según los investigadores del Fund for Peace (Fondo para la Paz) y la revista Foreign Policy, que cada año publican el índice, los factores que más contribuyen a la “mala nota” que tiene Guatemala son el desarrollo desigual, la autonomía de los aparatos de seguridad, y la presión demográfica.

Al examinar el resultado hay al menos dos temas que destacar. El primero se refiere a la naturaleza del índice mismo, comenzando por el nombre poco afortunado. “Estado fallido” connota un ideal con respecto al cual se ha fracasado. Sin embargo, es problemático determinar quién fija cuál es ese ideal, más aún quién decide cuán lejos o cerca se sitúa el punto de corte con respecto a dicho ideal, para determinar cuáles son estados fallidos. Aunque es relativamente fácil decir que Somalia experimenta una situación nada deseable, y que Finlandia está mucho mejor, ¿qué significa que Finlandia esté “mejor” que Holanda, a la que aventaja en 9 puntos y 11 puestos?

El problema de definición se vuelve mayor al subir en la escala (que es como bajar en el infierno): los vecinos de Guatemala son: Benin en el puesto 74, y China en el puesto 72. ¿China, un estado en riesgo de fallar? Quizá sería más realista – cuando no más aceptable para los sujetos de estas mediciones – hablar de “estados con fallas”, que de estados fallidos. Sospecho que también sería más útil para la gestión del cambio.

Como segunda observación, más allá de las sutilezas metodológicas o semánticas, es obvio que el índice sintetiza y transmite información útil acerca de los estados. Para el caso de Guatemala, sería dificil pelearse con la caracterización de sus debilidades en materia de inequidad, criminalización y autonomía de las fuerzas de seguridad y la problemática demográfica. Esta última es especialmente evidente al considerar que la falta de oportunidades de trabajo, la migración al norte y el conservatismo social, nos dejan con familias muy jóvenes y grandes, pobres, sin educación y sin empleo formal.

Ahora bien, hay más problemas con caracterizar a Guatemala como un estado “en riesgo de fallo”. Esta denominación supone: a) que aquello que se ve amenazado es algo deseable, y b) que la falla lo amenaza profundamente, aunque sea para mal. Estos dos supuestos se ven complicados en nuestro caso. Por una parte, quisiera sugerir que para el caso no basta el calificativo de “estado fallido” o en riesgo de fallo. Más bien, lo que hemos tenido aquí históricamente es un “estado perverso”: una forma de organización del poder que ha operado bien y de forma sostenida, pero para fines aviesos.

Las peculiaridades del estado guatemalteco, más que acercarlo o alejarlo de un ideal de estado democrático liberal, han reproducido, y muy bien, un sistema que sirve a la acumulación de poder, dinero y privilegio en unos pocos – el “estado perverso”. Desde la reforma liberal de 1871 y a lo largo del siglo veinte, el estado guatemalteco en todos los casos se consolidó en favor de una élite pequeña y persistente. A pesar, o quizá a través de la década reformista del 44-54, 36 años de guerra civil, los Acuerdos de Paz, la privatización eficientista y los populismos, el balance final de las transformaciones ha sido constante: la consolidación de la servidumbre de los muchos para los pocos.

Sospecho que los cambios más profundos que hemos visto responden a dinámicas más grandes que los empeños de reforma del estado en este espacio que llamamos Guatemala. La urbanización acelerada, el crecimiento del narco, la trans-culturación que acompaña a la migración al norte y la economía global parecen haber tenido mucha mayor eficacia en cambiar la conformación política del estado guatemalteco.

Entonces, al discutir la “falla” del estado guatemalteco descubrimos un dilema: por una parte, hoy la creciente narco-criminalización y debilidad institucional y de servicios del estado atenta contra el estatus quo histórico, pero por la otra, tampoco queremos una nueva consolidación del "estado perverso". Resulta que para conseguir cambios potencialmente beneficiosos a las grandes mayorías, habría que mejorar en algunos indicadores del índice – por ejemplo la calidad de los servicios públicos – y a la vez agravar, en dirección contraria, otros indicadores, tal como la fragmentación de las élites (que ya hoy reta el control por la “elite histórica” sobre la economía y el estado, al ingresar nuevos jugadores, algunos regulares y otros criminales).

Resulta entonces que un sagaz reformador del estado guatemalteco no puede simplemente poner tapones sobre todas las dimensiones del riesgo de “fallo del estado”. Más bien, toca buscar la combinación de apertura, fragilidad y consolidación que permita introducir cambios de fondo, pero hacerlos irreversibles.

Notas

1. Los indicadores incluidos miden: presión demográfica en alza, movimiento masivo de refugiados y desplazados internos, legado de venganza y grupos en discordia, éxodo humano y “fuga de cerebros” sostenidos, desarrollo desigual, pobreza o deterioro económico, criminalización y/o deslegitimación del estado, deterioro progresivo de los servicios públicos, suspensión del imperio de la ley y violaciones extensas a los derechos humanos, aparatos de seguridad que operan como “estado dentro del estado”, fragmentación de las élites, e intervención de otros estados u actores políticos externos.

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