¿Y ahora qué, muchá?

Independencia de poderes

¿Castillo de naipes o estructura sólida? "Al borde del tetrahedro" - fdecomite - http://bit.ly/vRjInkUn rasgo característico del Estado liberal es la independencia de poderes. Se atribuye a Montesquieu la articulación moderna de este antiguo concepto griego y romano, que fuera aplicado de forma estricta tras la revolución de 1789. Lo mas notable es que, junto con la separación, se presenta el concepto de pesos y contrapesos: cada órgano actúa por cuenta propia, pero es a su vez controlado por los otros. El Legislativo manda, pero no hace ni juzga. El Ejecutivo hace, pero no manda ni juzga, y el judicial juzga, pero no manda ni hace. Cuando funciona, cada parte se ve obligada a respetar a las otras, y a la vez a trabajar con ellas para mover la cosa pública. El Congreso pasa leyes que no se hacen realidad si el Ejecutivo no las cumple o las hace cumplir, y sin tribunales de justicia las leyes carecen de peso para asegurar su cumplimiento.

Sin embargo, más allá de estas autonomías en el Estado hay otras independencias. Una tríada importante existe entre el Estado, la prensa y el sector privado. De estas, la más cacareada en los medios -por razones obvias- es la del cuarto poder, que procura excluir la ingerencia política y de los intereses comerciales de las salas de redacción. Esto permite a los medios pedir cuentas públicas a los funcionarios de Estado, pero también a los particulares poderosos. Por supuesto, nada es gratis: a cambio se espera que los periodistas y editores observen una conducta ética y profesional en sus pesquisas. Como muestran las dificultades de los Murdoch y el finado “News of the World”, en democracias efectivas el incumplimiento de esta obligación se cobra caro a los periodistas que no la observan.

¿Cómo asegurar la autonomía del Estado con respecto al poder económico, sin tornarlo arbitrario?

Igualmente significativa resulta la independencia del poder económico. En muchos casos el mercado resulta un mecanismo idóneo para la asignación de recursos y la satisfacción de necesidades. Quienes se dedican al quehacer comercial buscan libertad para tomar decisiones de producción, de compra y de venta. Esta libertad también tiene su contraparte: se exige que su conducta sea eficiente y sea ética. Más aún, se exige que a cambio de tal autonomía el empresariado no compre ventajas interfiriendo en el gobierno.

Hasta aquí la descripción de algunas situaciones ideales. Dos triángulos, uno interno al Estado (Ejecutivo-Legislativo-Judicial), y otro externo (Estado-Medios-Sector Privado), que bien constituidos se sostienen de forma sólida. Guatemala ha pretendido ser un Estado liberal democrático en sus acciones y en sus leyes. Sin embargo el resultado ha estado mucho más en las normas que en las prácticas. Hace unas semanas Alvaro Velásquez sintetizaba el problema así: “la República Oligárquica guatemalteca goza de buena salud”.

A las puertas de un nuevo gobierno, este es el reto: más allá del fortalecimiento de los poderes del Estado ¿cómo asegurar su autonomía con respecto al poder económico -la llamada oligarquía- sin tornarlo arbitrario? Las amenazas son notorias: por un lado, la costosa publicidad electoral abrió el flanco del gobierno. Las nuevas autoridades deberán pagar las cuentas a financistas de campaña que se aprestan con descaro a cobrar su cuota. Por el otro, la historia y el récord político de los recién electos gobernantes dan razón para preocuparse por su potencial autoritarismo.

Quizá en medio de todo esto lo que falta es armar otro triángulo, y con ello completar un triángulo de triángulos. El vértice ausente, como tantas veces, ha sido el de los ciudadanos. En última instancia somos los ciudadanos los que con nuestros impuestos financiamos al Estado, y a cambio pedimos cuentas. Somos los ciudadanos los que compramos bienes y servicios al sector empresarial y con ello financiamos su existencia. Somos los ciudadanos los beneficiarios nominales de la transparencia que procura la prensa. Somos los ciudadanos los que sostenemos todas las instancias organizadas de la nación, todas las instituciones públicas, todas las entidades privadas.

Toca, entonces, reconocer y concretar el último poder: el poder ciudadano. Un poder que tiene también responsabilidades: si usted y yo no actuamos, no nos involucramos, perdemos nuestro poder. Un poder que, en ultima instancia, es la base de todos los demás.

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